La seguridad de los funcionarios se analiza en dos proyectos oficiales

En Imbabura.  En la gráfica aparece la seguridad con la que cuenta el Presidente de la República. EL COMERCIO

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Redacción Seguridad y Justicia

Viernes 19/07/2013

Su trabajo es supervisar que se cumplan las disposiciones del presidente, vicepresidente de la República u otro funcionario de Estado.

Además, supervisar que su agenda se cumpla. El estatuto Orgánico por procesos de la Presidencia de la República habla de al menos cinco funciones que deben cumplir los edecanes y allí aparecen también tareas de seguridad.

Las dos primeras "son más bien de asesoría y podrían realizarlas los asesores que tiene la Presidencia de la República". Así lo señala el informe para primer debate de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea sobre las reformas a la Ley de Personal de las FF.AA., enviadas por el Ejecutivo en marzo pasado.

Por eso, en el documento se propone derogar el artículo 45 de esa ley. Allí se dice que los cargos de edecanes del Presidente y Vicepresidente de la República, del titular de la Función Legislativa y de quien preside la Corte Nacional de Justicia se ejercerán por un lapso no mayor a dos años. Igual ocurre con los ayudantes del Ministro de Defensa, Jefe del Comando Conjunto de FF.AA. y de los comandantes generales de Fuerza.

El asambleísta e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Diego Salgado, señala que de esta manera se busca "hacer que desaparezca la figura del edecán". Precisamente -según este legislador- la mesa legislativa analizó las funciones establecidas en el estatuto de la Presidencia.

El informe para primer debate también recomienda renovar los sistemas de seguridad y asesoría de las principales autoridades.

Esto, porque entre las funciones de los edecanes se incluía justamente la seguridad de los funcionarios del Estado. El informe señala que en la actualidad tampoco se cumple con ese un rol. Para esta misión, señala el documento de la Comisión, existe el Servicio de Protección presidencial. Esta entidad fue creada en el 2010 y está constituida por cuatro cuerpos: grupo de protección presidencial, de transporte aéreo presidencial, de ayuda técnica y logística y los Granaderos de Tarqui.

Estas propuestas de cambio coinciden con el debate de la propuesta de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, también propuesto por el Ejecutivo.

En él se plantea la creación del Servicio de Protección Público (SPP) que brindará protección al Presidente, Vicepresidente, "primeras y segundas autoridades del Estado", etc. Este Servicio estará conformado por personal civil "altamente especializado y podrá contar con apoyo de personal policial y militar en caso de requerir".

Sin embargo, la creación de este servicio ha recibido críticas de la oposición. Salgado señala que, tal como está redactada la propuesta, "el jefe del servicio sería inclusive el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía". Por ello proponen que se integre una comisión tripartita de manera que los militares y la Policía Nacional participen y no exista jerarquía de un civil.

Durante el primer debate de la iniciativa en el Pleno de la Asamblea, el pasado martes, las tiendas de oposición lo calificaron como una "Guardia Petroriana".

Otros cambios
En la propuesta para  reformar la Ley de Personal de las FF.AA. también incluye que el grado militar y la clasificación de los oficiales queden bajo la competencia del Ministerio de Defensa y no del Ejecutivo.

Además, determina que el "superior por antigüedad" es aquel que tiene mayor tiempo de servicio en el grado.

Incluye asimismo que  cuando el militar se encuentra en comisión o ejerciendo funciones en el exterior y debiere ser colocado en disponibilidad o dado de baja, se ordenará su retorno al país en el plazo máximo de 30 días. Esta propuesta debía ser debatida la mañana de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero la sesión se suspendió.