Uno de los jóvenes quemados en Guápulo fue enterrado hoy

Medio centenar de personas asistió esta mañana al sepelio de David M., uno de los dos jóvenes víctimas de un ataque con fuego en la plazoleta de Guápulo, al este de Quito, la madrugada del sábado. Los familiares están indignados. Las investigaciones no avanzan, sostiene Juan Carlos C., padrastro del joven, de 22 años, quien falleció por las quemaduras, en terapia intensiva de una casa de salud. Tras el ataque, el joven y su compañero de trabajo, Joffre R, fueron llevados a un hospital. Este último también sufrió quemaduras y ahora se encuentra en estado delicado. Según su familia, Joffre habría narrado que la noche del viernes salió con David a divertirse en la zona turística de Quito y que en el trayecto conocieron a dos hombres que les invitaron una cerveza. "Tomaron dos vasos y no recordaron más", dice la hermana de Joffre. Él, de 34 años, permanece en la Unidad de Quemados en la casa de salud. Según los uniformados de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Guápulo, que atendieron el caso, la madrugada del sábado (a las 02:00) encontraron a los jóvenes quemándose a pocos metros de la UPC. Los agentes llamaron a la Unidad de Policía La Floresta para pedir ayuda. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital. "Nunca vimos a quiénes les hicieron eso", asegura el policía encargado de Guápulo. A los familiares les dijeron que pudieron haber sido agredidos por vecinos del lugar, en un confuso incidente, porque supuestamente habrían confundido a los jóvenes con sospechosos. Mas, en Guápulo nadie habla del incidente. "Nada está confirmado aún", dice Juan Carlos C., quien acudió a la Fiscalía para retirar el examen forense que contiene la explicación médica de la causa de la muerte de su hijo; él esperaba conocer si se había usado alguna droga o si hubo otra lesión, antes de las quemaduras.

Ex directivos de universidades suspendidas amanecieron en prisión T se realizó la audiencia de formulación de cargos para el ex rector, ex vicerrector y el ex Jefe de administración de la Universidad Autónoma de Quito, aprehendidos desde ayer. A las 07:00 fueron trasladados al Centro de Detención Provisional de Quito, ubicado junto al ex penal García Moreno. Ayer, al mediodía, el Juzgado Vigésimo Primero de Flagrancia emitió una orden de prisión provisional con fines investigativos en contra de las ex autoridades académicas de las 14 universidades suspendidas el pasado 12 de abril. Ayer en la tarde, los primeros aprehendidos por miembros de la Policía Judicial fueron el ex rector de la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ) Vicente Rojas, el ex vicerrector Vicente Rojas Ayala (hijo), Luis Ayala, ex jefe de Administración, y Freddy Huilca, ex rector (e). Además el ex vicerrector Enrique Proaño y Joel Leones, ex director administrativo-financiero de la Universidad Latinoamericana (UCL). Por pedido del Consejo de Educación Superior (CES), la Fiscalía inició en mayo una indagación sobre presuntas irregularidades cometidas por los ex rectores antes de la suspensión de esas instituciones educativas. Entre otras irregularidades, las 14 instituciones suspendidas matricularon 8 999 nuevos estudiantes, pese a la prohibición que había de hacerlo. De estos 6 056 tienen menos de 50 créditos aprobados que implica que deben iniciar nuevamente sus carreras. El Consejo de Educación Superior (CES) presume que se recaudó por matrículas USD 8,5 millones durante el 2011. Marcelo Cevallos, presidente subrogante del CES, explicó que estos estudiantes fueron estafados. "La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) prohibió la inscripción de nuevos estudiantes después de octubre del 2010, fecha en que fue publicada la norma en el Registro. Frente a esto, Marco Tulio Cordero, ex rector de la UCL y Vicente Rojas, ex rector de la UNAQ señalaron que en la transitoria tercera de la misma Ley se establece que “no podrán ofertar nuevos programas académicos de grado ni realizar cursos de posgrado”, pero no dice que está prohibido recibir a estudiantes nuevos, “con lo que la inscripción de alumnos fue legal”. A la UNAQ, el Consejo de Educación Superior la acusa de haber recaudado aproximadamente USD 2,3 millones por nuevos alumnos matriculados. La normativa determina que el Consejo de Evaluación y Acreditación (Ceaaces) es el organismo responsable de verificar que “las universidades y escuelas politécnicas que se encuentren en este proceso de evaluación no oferten nuevas matrículas en los primeros niveles de los programas académicos de grado ni de posgrado”. Rojas aseguró que no hubo ilegalidad y “no existe estafa académica ni fraude académico como delito contemplado en el código penal”. El abogado defensor de la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL), Fabián Zevallos, dijo que la emisión de ordenes de allanamiento y captura es ilegal y viola la Constitución Ecuatoriana. El abogado analiza la base jurídica en la que se fundamentaron las autoridades académicas para pedir la orden de prisión y “por qué la petición la realiza la unidad de Flagrancia como si hubieran cometido un delito en flagrancia”, dijo. Los rectores tienen, en promedio, 60 años. PROCESOS LEGALES Cuatro universidades suspendidas indefinidamente interpusieron acciones de protección: UNAQ, U. Alfredo Pérez Guerrero, U. Cristiana Latinoamericana, U. OG Mandino. Tres sentencias se emitieron a favor del CES, una esta esta en tramite. Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://elcomercio.com/sociedad/Ex-directivos-universidades-cerradas-suspendidas-E-amanecieron-Ecuador-educacion-superior_0_719328072.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

el coronel cesar carrion mañana se reintegrara a la policia El coronel César Carrión se presentará mañana, viernes, ante la Comandancia General de Policía, para reintegrarse oficialmente a sus funciones. Esta tarde, la institución policial notificó a la defensa del coronel Carrión que se levantó la sanción disciplinaria porque supuestamente atentó contra la vida del presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 (30-S). Vinicio Villa, abogado de Carrión, anunció a este Diario que a las 08:30 de mañana el oficial se presentará ante la cúpula policial. De inmediato, procederá a asumir sus nuevas tareas en la Unidad de Bienestar Social de la Policía. Sin embargo, el defensor de Carrión explicó que todavía el Ministerio del Interior no explica en qué consistió la violación al debido proceso, que dio pie al levantamiento de la sanción a Carrión. El ex Director del Hospital de la Policía había sido dado de baja en diciembre pasado por el Consejo de Generales. Su argumento fue que el oficial presuntamente participó en un intento de magnicidio al Primer Mandatario, pese a que la Justicia ordinaria lo había absuelto. Sin embargo, el jueves, el Ministerio del Interior decidió reintegrar a Carrión a la carrera policial, arguyendo fallas en el debido proceso interno. Carrión fue acusado por el presidente Correa de presunto intento de asesinato, en la revuelta del 30-S. El oficial y su familia insisten en que jamás atentó contra la vida del Mandatario y que los procesos judiciales y policiales en su contra son parte de una presunta persecución política.