viernes, 15 de junio de 2012
Ex directivos de universidades suspendidas amanecieron en prisión T
se realizó la audiencia de formulación de cargos para el ex rector, ex vicerrector y el ex Jefe de administración de la Universidad Autónoma de Quito, aprehendidos desde ayer. A las 07:00 fueron trasladados al Centro de Detención Provisional de Quito, ubicado junto al ex penal García Moreno. Ayer, al mediodía, el Juzgado Vigésimo Primero de Flagrancia emitió una orden de prisión provisional con fines investigativos en contra de las ex autoridades académicas de las 14 universidades suspendidas el pasado 12 de abril. Ayer en la tarde, los primeros aprehendidos por miembros de la Policía Judicial fueron el ex rector de la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ) Vicente Rojas, el ex vicerrector Vicente Rojas Ayala (hijo), Luis Ayala, ex jefe de Administración, y Freddy Huilca, ex rector (e). Además el ex vicerrector Enrique Proaño y Joel Leones, ex director administrativo-financiero de la Universidad Latinoamericana (UCL). Por pedido del Consejo de Educación Superior (CES), la Fiscalía inició en mayo una indagación sobre presuntas irregularidades cometidas por los ex rectores antes de la suspensión de esas instituciones educativas. Entre otras irregularidades, las 14 instituciones suspendidas matricularon 8 999 nuevos estudiantes, pese a la prohibición que había de hacerlo. De estos 6 056 tienen menos de 50 créditos aprobados que implica que deben iniciar nuevamente sus carreras. El Consejo de Educación Superior (CES) presume que se recaudó por matrículas USD 8,5 millones durante el 2011. Marcelo Cevallos, presidente subrogante del CES, explicó que estos estudiantes fueron estafados. "La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) prohibió la inscripción de nuevos estudiantes después de octubre del 2010, fecha en que fue publicada la norma en el Registro. Frente a esto, Marco Tulio Cordero, ex rector de la UCL y Vicente Rojas, ex rector de la UNAQ señalaron que en la transitoria tercera de la misma Ley se establece que “no podrán ofertar nuevos programas académicos de grado ni realizar cursos de posgrado”, pero no dice que está prohibido recibir a estudiantes nuevos, “con lo que la inscripción de alumnos fue legal”. A la UNAQ, el Consejo de Educación Superior la acusa de haber recaudado aproximadamente USD 2,3 millones por nuevos alumnos matriculados. La normativa determina que el Consejo de Evaluación y Acreditación (Ceaaces) es el organismo responsable de verificar que “las universidades y escuelas politécnicas que se encuentren en este proceso de evaluación no oferten nuevas matrículas en los primeros niveles de los programas académicos de grado ni de posgrado”. Rojas aseguró que no hubo ilegalidad y “no existe estafa académica ni fraude académico como delito contemplado en el código penal”. El abogado defensor de la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL), Fabián Zevallos, dijo que la emisión de ordenes de allanamiento y captura es ilegal y viola la Constitución Ecuatoriana. El abogado analiza la base jurídica en la que se fundamentaron las autoridades académicas para pedir la orden de prisión y “por qué la petición la realiza la unidad de Flagrancia como si hubieran cometido un delito en flagrancia”, dijo. Los rectores tienen, en promedio, 60 años. PROCESOS LEGALES Cuatro universidades suspendidas indefinidamente interpusieron acciones de protección: UNAQ, U. Alfredo Pérez Guerrero, U. Cristiana Latinoamericana, U. OG Mandino. Tres sentencias se emitieron a favor del CES, una esta esta en tramite.
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